¿En qué se gastaron casi un millón de pesos? El contrato que deja más preguntas que respuestas en Juan Galindo
Mientras cientos de familias enfrentan dificultades económicas, un contrato por más de 908 mil pesos para uniformes de la Policía Municipal abre interrogantes que el Ayuntamiento aún debe responder.
Juan Galindo, Puebla. Cada peso del presupuesto municipal pertenece a los ciudadanos. Por eso, cuando un Ayuntamiento firma un contrato por 908,767 pesos con recursos federales destinados a fortalecer la seguridad pública, la pregunta no debería ser si el gasto fue legal, sino si puede demostrarse con absoluta transparencia.
Tras revisar el contrato de adquisición de uniformes y equipamiento para la Policía Municipal de Juan Galindo, El Periódico de Hoy encontró un documento que, aunque cumple con la estructura básica de un contrato administrativo, deja una larga lista de preguntas sin responder.
No hablamos de pruebas de corrupción.
Hablamos de documentos que faltan.
De información que la ciudadanía aún no puede conocer.
Y de un expediente que debería estar completamente abierto al escrutinio público.
Un contrato de casi un millón de pesos… pero nadie sabe exactamente qué se compró
El contrato señala que el Ayuntamiento compró:
- Uniformes.
- Accesorios.
- Equipamiento.
Pero cuando llega el momento de explicar exactamente qué artículos recibiría el municipio…
…el documento guarda silencio.
No aparecen modelos.
No aparecen marcas.
No aparecen cantidades.
No aparecen especificaciones técnicas.
Tampoco existe un anexo visible que permita responder una pregunta básica:
¿Qué recibió realmente Juan Galindo por 908 mil pesos?
La compra no fue por licitación pública
El Ayuntamiento eligió un procedimiento denominado Invitación a Tres.
La ley permite utilizar este mecanismo en determinados casos.
Sin embargo, el contrato no incluye las piezas fundamentales para que los ciudadanos puedan comprobar que realmente existió competencia.
¿Quiénes fueron invitados?
¿Cuánto cotizó cada empresa?
¿Por qué ganó el proveedor seleccionado?
¿Cuál fue la evaluación técnica?
Sin esas respuestas, el proceso permanece prácticamente oculto para la ciudadanía.
El contrato parece haber sido copiado de una obra pública
Uno de los detalles más sorprendentes aparece al leer las cláusulas.
Aunque el Ayuntamiento estaba comprando uniformes, el contrato habla repetidamente de:
- obras;
- avances físicos;
- residentes de obra;
- programas de ejecución de obra.
Es decir, buena parte del documento parece provenir de un formato utilizado para construcción.
No demuestra una irregularidad.
Pero sí evidencia un problema preocupante: un contrato de casi un millón de pesos elaborado con cláusulas que no corresponden al objeto contratado.
Dos meses para entregar todo
El proveedor tenía aproximadamente sesenta días para cumplir.
¿Ya tenía toda la mercancía?
¿Mandó fabricar los uniformes?
¿Existió inventario suficiente?
Nada de eso puede responderse únicamente con el contrato.
¿Dónde están las pruebas de entrega?
El propio documento establece que antes del pago deben recibirse los bienes.
Sin embargo, el expediente público no muestra:
- actas de entrega;
- inventarios;
- evidencia fotográfica;
- reportes de recepción;
- comprobación de la garantía.
Todo ello debería formar parte del expediente administrativo.
No basta con decir que todo fue legal
La verdadera transparencia no consiste únicamente en publicar un contrato.
Consiste en permitir que cualquier ciudadano pueda reconstruir todo el proceso.
Desde la primera invitación al proveedor.
Hasta el último uniforme entregado.
Las preguntas siguen abiertas
Hoy existen varias interrogantes que únicamente el Ayuntamiento puede responder:
- ¿Qué uniformes se compraron exactamente?
- ¿Cuántos fueron?
- ¿Qué empresa compitió contra el proveedor ganador?
- ¿Cuál fue la oferta más barata?
- ¿Quién evaluó las propuestas?
- ¿Dónde está el anexo técnico?
- ¿Dónde está la evidencia de entrega?
- ¿Se presentó realmente la garantía del 10%?
La transparencia no debería ser una concesión; debería ser una obligación
Los recursos del FORTAMUN pertenecen a todos los ciudadanos de Juan Galindo y Nuevo Necaxa.
Por ello, publicar el expediente completo no debería verse como una respuesta a un medio de comunicación, sino como un acto elemental de rendición de cuentas.
Porque cuando se trata del dinero público, la confianza no se pide: se demuestra con documentos.
Nota editorial: Este reportaje se basa en el análisis del contrato público disponible. No afirma la existencia de actos de corrupción ni atribuye responsabilidades administrativas o penales a persona alguna. Las observaciones expuestas representan preguntas de interés público cuya respuesta puede encontrarse mediante la publicación íntegra del expediente de contratación y la documentación soporte correspondiente
